
Caso UNGRD: escrito de acusación contra Carlos Ramón González y Luis Fernando Velasco. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, radicó el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del gobierno de Gustavo Petro, y avanzó en el proceso contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Ambos son señalados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los episodios más graves que ha sacudido la administración actual.
Contexto del escándalo
Según la W, el caso estalló tras revelarse sobrecostos en la compra de carrotanques destinados a atender la crisis de agua en La Guajira. Además, se denunciaron pagos irregulares a congresistas y expresidentes del Senado y la Cámara, lo que evidenció un entramado de corrupción que habría desviado recursos públicos diseñados para atender emergencias y desastres naturales.
La Fiscalía sostiene que este esquema no fue aislado, sino que contó con la participación de altos funcionarios del gobierno, quienes facilitaron la desviación de fondos y la manipulación de contratos.
González, considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro y figura clave en la estrategia política del gobierno, fue señalado como cerebro del entramado. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia y refugiado en Nicaragua, pese a que existe una orden de captura y una circular roja de Interpol en su contra.
El escrito de acusación
La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que el proceso contra González entra en fase de juicio, pese a su condición de prófugo. Este paso judicial busca demostrar que, incluso en ausencia del acusado, la justicia puede avanzar en la investigación y sanción de los responsables.
En paralelo, la Fiscalía presentó la solicitud de audiencia de imputación contra Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y también contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por su presunta responsabilidad en el saqueo de la entidad. La acusación contra estos exfuncionarios refleja la magnitud del caso, pues involucra directamente a figuras de alto nivel dentro del gobierno Petro.
Este avance judicial marca un hito en el proceso, ya que la Fiscalía pretende establecer que la corrupción en la UNGRD no fue un hecho aislado, sino parte de una red estructurada que operó con la complicidad de altos funcionarios.
Impacto político
La acusación contra González y Velasco no solo pone en evidencia la magnitud del escándalo, sino que también abre un debate sobre la responsabilidad de altos funcionarios en el manejo de recursos públicos. El hecho de que uno de los hombres más cercanos al presidente esté prófugo y que un exministro de Interior enfrente imputación judicial intensifica la crisis política y la polarización en Colombia.
- Oposición: Ha señalado que este proceso confirma la existencia de corrupción en sectores cercanos al gobierno Petro y exige que se llegue hasta las últimas consecuencias. Para líderes opositores, el caso es prueba de que el discurso anticorrupción del presidente se contradice con la realidad de su administración.
- Petrismo: Voceros del gobierno han denunciado una persecución judicial y política, asegurando que el fallo responde a intereses de sectores opositores que buscan debilitar al presidente y frenar su agenda de reformas sociales.
Conclusión
El escrito de acusación contra González y Velasco marca un punto de inflexión en el proceso. La decisión de la Fiscalía de avanzar en el juicio, incluso con González prófugo, envía un mensaje de que la justicia busca actuar frente a la corrupción en las más altas esferas del poder.
Este proceso no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas, pues intensifica la confrontación entre el petrismo y la oposición, y coloca al gobierno en el centro de un debate sobre transparencia y responsabilidad. De cara a las elecciones de 2026, el caso UNGRD será un referente inevitable en la discusión pública sobre corrupción y gobernabilidad en Colombia.e en la discusión pública sobre corrupción y gobernabilidad en Colombia.