El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión sin precedentes en la historia política de Colombia al sancionar la campaña presidencial de Gustavo Petro correspondiente a las elecciones de 2022. El fallo, aprobado en sala plena, determinó que la campaña del actual presidente sobrepasó los topes de financiación electoral tanto en primera como en segunda vuelta, lo que constituye una violación directa de las normas que regulan la transparencia en los procesos democráticos.
La votación fue ajustada y reflejó la división dentro del organismo. Con un resultado de 6 votos a favor y 3 en contra, la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada fue respaldada por la mayoría. Sin embargo, tres magistrados se opusieron, argumentando que las pruebas no eran suficientes para sancionar de manera tan contundente a la campaña presidencial. El punto decisivo estuvo en manos del conjuez Majer Nayi Abushihab, reconocido abogado de la campaña presidencial de Fico Gutiérrez, quien inclinó la balanza con su voto a favor de la sanción.
El fallo implica que la campaña de Petro deberá devolver más de 5.000 millones de pesos al Estado, correspondientes a los recursos que se consideran excedentes de los topes permitidos. Además, la sanción recae sobre figuras clave de la campaña:
Sancionados por el CNE
- Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol.
- Lucy Mogollón, tesorera de la campaña.
- Mary Lucy Soto, auditora.
- Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que respaldaron la candidatura.
Este conjunto de sanciones no solo tiene un impacto económico, sino también político, pues involucra directamente a líderes y partidos que forman parte del bloque de gobierno.
Reacciones políticas tras la sanción campaña Gustavo Petro
La decisión del CNE generó un inmediato choque de narrativas en el escenario político nacional.
- El Gobierno calificó la sanción como una persecución judicial y política, asegurando que el fallo responde a intereses de sectores opositores que buscan debilitar al presidente y frenar su agenda de reformas sociales. Voceros cercanos al gobierno señalaron que la medida es un intento de deslegitimar el triunfo electoral de 2022.
- La oposición, por su parte, celebró el fallo como un triunfo de la institucionalidad y la transparencia electoral. Para líderes del uribismo y otros sectores de derecha, la sanción confirma las irregularidades en la campaña de Petro y refuerza sus críticas sobre la forma en que se manejaron los recursos.
- Analistas políticos advierten que el fallo puede tener un doble efecto: por un lado, representa un golpe a la imagen del presidente y a la credibilidad de su proyecto político; por otro, puede fortalecer el discurso de victimización del petrismo, que podría usar la sanción como bandera para denunciar persecución y movilizar a sus bases.
Impacto en el panorama electoral
La sanción del CNE contra la campaña de Petro se convierte en un punto de referencia para el futuro de la política colombiana. En primer lugar, abre un debate sobre la necesidad de revisar los mecanismos de financiación de campañas y garantizar mayor control sobre los recursos que se invierten en procesos electorales. En segundo lugar, afecta directamente la relación entre el Ejecutivo y los organismos de control, en un momento en que el gobierno busca avanzar en reformas estructurales en el Congreso.
De cara a las elecciones de 2026, este fallo puede reconfigurar el mapa político. La oposición lo utilizará como argumento para cuestionar la legitimidad del petrismo, mientras que los aliados de Petro intentarán convertirlo en un símbolo de resistencia frente a lo que consideran una guerra judicial.
Conclusión
La sanción del Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Gustavo Petro Presidente marca un hito en la historia política de Colombia. Con un fallo dividido, el papel decisivo del conjuez Majer Nayi Abushihab y las sanciones económicas impuestas, el caso refleja la tensión entre institucionalidad y confrontación política. Las reacciones del petrismo y la oposición muestran que este episodio no solo es un asunto jurídico, sino también un campo de batalla político que impactará directamente en el rumbo del país hacia las elecciones de 2026.